Actualmente, la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y de Interrupción Voluntaria del Embarazo establece un sistema de "plazos" dentro de los cuales es legal acabar con la vida de un no nacido. Concretamente, la IVE puede realizarse libremente (es decir, por expreso deseo de la madre) hasta las catorce semanas de gestación; por graves malformaciones y peligro para la salud materna, el "plazo" se extiende hasta las 22 semanas (unos 5 meses y medio).
Uno de los grandes axiomas de la ideología pro-elección es que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, ergo nadie puede obligarla a proseguir una gestación si ella no lo desea. Esta verdad tan evidente parece esfumarse cuando el feto sobrepasa las catorce semanas, ya que a partir de entonces es necesario "justificar" su eliminación, y no digamos después de las veintidós. La excusa más habitual para este último caso es que el feto ya es "viable" fuera del vientre materno, es decir, puede "sobrevivir", hecho que, por lo visto, lo convierte oficialmente en "persona". Lo que nadie parece recordar son las consecuencias que un nacimiento así de prematuro conlleva. Pero no nos desviemos. Siguiendo esta argumentación, cuando una mujer sobrepasa las 22 semanas de gestación atraviesa un punto de no retorno, a partir del cual está "obligada" a proseguir la gestación. ¿Y qué ocurre si cambia de opinión? El feto sigue viviendo dentro de su cuerpo, sigue necesitándola para desarrollarse correctamente. ¿Dónde está su derecho a decidir?
Podríamos poner como excusa que esa supuesta "viabilidad" (que no es del 100%) le confiere "humanidad" al no nacido, que lo convierte en persona (razonamiento que, personalmente, nunca he llegado a entender). Entonces nos encontraríamos ante un conflicto de intereses: por un lado, la libertad de la madre; por otro, el derecho a vivir de su hijo. Sería, al fin y al cabo, el mismo conflicto que la ideología pro-vida plantearía desde el mismo inicio de la gestación.
Todos sabemos que el actual gobierno está preparando una nueva ley que supondría la eliminación de los contradictorios "plazos", sustituyéndolos por una serie de "supuestos". Es decir, solo se permitirá interrumpir una gestación si el hecho de continuarla supone una amenaza para los derechos de la mujer gestante. Se buscaría así alcanzar un equilibrio que respetase a ambos por igual, siempre que fuese posible.
Sin embargo, no debemos olvidar que cualquier ley de este tipo no deja de ser un parche. Embriones y fetos son definidos en nuestra constitución como "bien jurídico" que hay que proteger, pero no se les reconoce como personas. Mientras no reconozcamos a nuestros miembros más jóvenes y débiles como Seres Humanos en la plenitud de la expresión, estaremos luchando por una causa perdida. Lo que hace falta es un cambio de mentalidad, una apertura hacia la vida, no solo a nivel "jurídico", sino social y global.
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En muchas de mis conversaciones con activistas pro-elección he sido acusada de "promover" o de "estar a favor" del aborto clandestino, lo cual siempre me ha entristecido. Naturalmente, yo no quiero que nadie muera, ni las mujeres ni sus hijos. Tampoco quiero creer que el único modo de salvar a unas sea sacrificando la vida y la dignidad de los otros. Prefiero pensar que con educación, servicios de salud y planificación familiar y penas duras para los carniceros que practican este tipo de operaciones, se podría reducir a mínimos la mortalidad materna y fetal.
